A
lo largo de los capítulos de esta serie intentamos delinear los escenarios que, a nuestro juicio, dan cuenta de las complejas relaciones entre el sector de universidades privadas y la autoridad educativa federal en torno al reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE). En la primera entrega nos concentramos en las negociaciones plasmadas en el Acuerdo SEP-279, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2000, que establece las reglas para el otorgamiento del RVOE federal…

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A
l aprobarse los Estatutos de la Federación Mexicana de Instituciones Particulares de Educación Superior (FIMPES), en la Asamblea General Extraordinaria del 30 de abril de 2004, se estableció comu un objetivo que “(…) la Federación no podrá intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda política o destinadas a influir en la legislación” (artículo 2do. numeral 19). No obstante, al darse a conocer la iniciativa del Senado para reformar la Ley de Coordinación de la Educación Superior (13/12/2005), la FIMPES manifestó su inconformidad con la disposición mediante un desplegado “a la opinión pública”, difundido en prensa nacional…

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L
a semana pasada iniciamos esta serie comentando las negociaciones sobre el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) entre la SEP y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) en 1994-2000. Recordamos, asimismo, la postura de las autoridades educativas y del Senado, al inicio del actual sexenio, en materia de regulación normativa del sistema de educación superior. Concluimos con la hipótesis de que, en los primeros años del periodo gubernamental, había condiciones de convergencia entre las universidades privadas y la autoridad educativa federal. Esta segunda entrega se concentra en el debate sobre las universidades “patito” ocurrido en 2003…

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E
l 13 de diciembre de 2005 el Senado aprobó el dictamen de las comisiones unidas de educación y cultura, y de estudios legislativos, con un proyecto que reforma y adiciona la Ley General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior (LCES). La iniciativa que modifica la LCES crea un nuevo capítulo para evaluación y acreditación. Se establecen competencias y obligaciones de evaluación para las IES públicas y privadas. Se indica que la atribución de evaluar corresponde a los organismos públicos de evaluación educativa (art. 28), sin especificar cuáles son éstos…

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